Diputados de Colima respaldan límite a jubilaciones y pensiones del sector público
Con 22 votos unánimes a favor, diputadas y diputados locales aprobaron la minuta de reforma y adición al artículo 127 de la Constitución Federal, que establece límites a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas.
La reforma impulsada por la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, decreta que ninguna persona servidora pública podrá recibir una remuneración mayor a la establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente.
En cualquier caso, las jubilaciones o pensiones del personal de confianza a cargo de los organismos públicos descentralizados, empresas públicas del Estado, las sociedades nacionales de crédito, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos constitutivos de entidades paraestatales, tanto del Gobierno Federal, como en entidades federativas y municipios, no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente.
También, ninguna persona servidora pública podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; salvo en casos debidamente justificados como consecuencia de funciones técnicas calificadas o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal.
Las modificaciones serán aplicables a las jubilaciones y pensiones que se hayan otorgado con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma, por lo que deberán ajustarse al nuevo límite establecido.
Estas restricciones no aplicarán para las Fuerzas Armadas; ni a las jubilaciones o pensiones derivadas de aportaciones voluntarias, sindicales o esquemas no contributivos.
En el argumento del dictamen, la comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, consideró que la medida pone orden en el sistema de jubilaciones y pensiones de las entidades paraestatales; preserva el derecho de las personas trabajadoras a un retiro digno; garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas; garantiza el principio de austeridad republicana y fortalece la perspectiva de género.
Tras su entrada en vigor, el Congreso de la Unión como las Legislaturas estatales deberán adecuar su marco jurídico en un plazo no mayor a 90 días.
